En un acto llevado a cabo esta mañana en el Auditorio del Centro Cívico del Bicentenario, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció la puesta en marcha del Plan de Gestión Territorial en Seguridad y Justicia. 

Participaron de la presentación el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Eugenio Angulo, junto con los vocales Aída Tarditti, Domingo Sesin, Luis Enrique Rubio, María Marta Cáceres de Bollati, Sebastián López Peña y Jesica Valentini. 

Además del gobernador Llaryora, durante el acto hicieron uso de la palabra el fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado; el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López; y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

El plan implica una reorganización de la operatoria del Ministerio Público Fiscal (MPF) y de la Policía de la Provincia en la ciudad de Córdoba. A partir de ahora, cada fiscalía de instrucción estará a cargo de una porción exclusiva del territorio de la ciudad y trabajará de modo permanente con la misma unidad judicial y con la misma comisaría. La finalidad del proyecto es facilitar la coordinación interinstitucional para la prevención y la persecución del delito.

Se busca garantizar un entorno seguro en la ciudad y generar mayor cercanía de la Justicia y de la Policía de Córdoba con la ciudadanía. Esta forma de organización permitirá a los operadores del sistema conocer más y mejor el territorio, sus conflictos, sus actores y sus modos de operar. También hará posible actuar con mayor rapidez y eficacia, a la vez que permitirá brindar soluciones concretas a las demandas de la gente. En definitiva, la iniciativa establece una nueva relación con la comunidad, ya que permitirá a cada ciudadano conocer quién es el fiscal y el jefe policial de su zona.

Este plan se articula con la implementación de un sistema destinado a acelerar el tratamiento de los casos de flagrancia, esto es, aquellas causas en las cuales la detención se produce en el momento en que ocurre el delito o en circunstancias inmediatas a su perpetración. De esta forma, se introduce un enfoque basado en la realización de audiencias tempranas para acelerar los procedimientos judiciales y simplificar el proceso penal.