ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO SETECIENTOS CUARENTA Y DOS – SERIE “A”: En la ciudad de CORDOBA, a un día del mes de diciembre del año dos mil cuatro, con la Presidencia de su titular Dra. Aída Lucía Teresa TARDITTI, se reunieron para resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Doctores María Esther CAFURE DE BATTISTELLI, Domingo Juan SESIN, Luis Enrique RUBIO, Armando Segundo ANDRUET (h) y M. de las Mercedes BLANC G. de ARABEL, con la asistencia del Director General de Superintendencia Dr. Miguel Ángel DEPETRIS y ACORDARON: Y VISTO: La situación que se presenta por la derivación hacia los Juzgados de Control del Centro Judicial Capital y del Juzgado de Control, Menores y Faltas de Alta Gracia, de acciones de habeas corpus presentados por internos condenados, que cumplen pena en establecimientos carcelarios situados en Bower. Y CONSIDERANDO: I. En los Juzgados de Control del Centro Judicial Capital se registran numerosas acciones de habeas corpus de internos condenados. La presentación del Juez de Control de Alta Gracia da cuenta de situaciones negativas para atender a la solicitud pronta de los internos, como también para la seguridad dada la infraestructura de esa sede, que deviene de la derivación a ese tribunal de presentaciones de internos condenados, a pesar que ese tribunal no es el que impuso la pena, ni tampoco el que resulta más próximo a Complejo Carcelario de Bower, aunque éste se encuentre dentro de su competencia territorial. II. Esta situación se produce por la confluencia de normas que regulan la competencia relativa con la ejecución de las penas, que requieren de una explicitación para el mejor funcionamiento interno del Poder Judicial. Así, de conformidad a la legislación vigente, resulta competente para la ejecución de la pena mientras no estén creados los tribunales de ejecución (CPP, 35 bis), los tribunales que hayan dictado la sentencia condenatoria cuya pena esté cumpliendo el interno (CPP, 500). El tribunal que impuso la pena tiene, por tanto a su cargo el control judicial permanente, ya que éste integra la tutela judicial efectiva contra los actos de autoridad que violen alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente (art. XVIII, DADDH; arts. 25 y 2 CADH); como también le corresponde entender en las solicitudes de los penados relacionadas con quejas sobre el trato y sus derechos. A su vez la Constitución de la Provincia ha receptado como una modalidad propia del habeas corpus, esta acción en favor de quien "sufra una agravación ilegítima de la forma y las condiciones en que se cumple la privación de la libertad, sin detrimento de las facultades propias del juez del proceso", ante el juez "más próximo" (art. 47). III. A los efectos de reglamentar en forma armónica dichas disposiciones, en ejercicio de las atribuciones legales (CPP, 4 y LOPJ, 12, 32°). de modo que las solicitudes sean prontamente atendidas por el tribunal competente, resulta de preferente aplicación la disposición que establece la competencia del tribunal de ejecución, en donde obran todas las actuaciones relacionadas con el cumplimiento de la pena del interno. Dicha competencia cede ante la del Juez de Control más próximo, cuando tratándose de agravamiento en las condiciones de cumplimiento de la pena, no pueda ser eficazmente ejercida por el tribunal de ejecución. Por tanto, las presentaciones en forma pauperis, de internos condenados, que rotulan los escritos como "habeas corpus", deben ser canalizadas por el Servicio Penitenciario a los tribunales de ejecución competentes, cuando éstos se sitúen en el mismo asiento en donde se encuentra el establecimiento carcelario, si fueran deducidas en día y horario hábil. En caso contrario, deberán ser derivadas hacia el Juez de Control que resulte más próximo al establecimiento carcelario en donde se encuentra cumpliendo pena el interno. Por lo expuesto y normas citadas el Tribunal Superior de Justicia, RESUELVE: I. Las presentaciones en forma pauperis, de internos condenados, que rotulan los escritos como "habeas corpus", deben ser canalizadas ante los tribunales de ejecución competentes, cuando éstos se sitúen en el mismo asiento en donde se encuentra el establecimiento carcelario, si fueran deducidas en día y horario hábil. En caso contrario, deberán ser derivadas hacia el Juez de Control que resulte más próximo al establecimiento carcelario en donde se encuentra cumpliendo pena el interno. II. DESE al presente la mas amplia difusión. Comuníquese al Servicio Penitenciario de la Provincia. Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su contenido, firman la Señora Presidenta y los Señores Vocales, con la asistencia del Dr. Miguel Ángel Depetris, Director General de Superintendencia.