El lunes 30 de diciembre, el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Eugenio Angulo, y el gerente general de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Fernando Gabriel Pérez, suscribieron un convenio marco de cooperación institucional con el objeto de optimizar recursos y coordinar acciones dentro de sus respectivas competencias.
Esta cooperación prevé el intercambio de información y tecnologías aplicadas, trabajos de investigación, promoción de actividades, desarrollo de equipos de trabajo, jornadas de capacitación e intercambio de conocimientos, entre otras acciones orientadas a brindar un servicio de justicia más ágil y dotar de mayor eficacia al sistema de riesgos del trabajo.
En ese contexto, también se firmó un segundo convenio de cooperación –específico- sobre intercambio de información. A través de este acuerdo, la SRT otorgará acceso a los Tribunales sobre la información contenida en diversos registros gestionados por esa entidad y también a los trámites de los expedientes gestionados en las Comisiones Médicas y los Servicios de Homologación.
En tanto, el TSJ pondrá a disposición de la SRT las credenciales de uso necesarias para acceder al Registro de Accidentes y Enfermedades Laborales (conf. Ley 8380) que inscribe el inicio y conclusión de las causas sobre incapacidades laborales tramitadas en la justicia provincial.
Cabe recordar que, además de fiscalizar el accionar de las aseguradoras de riesgos y de los empleadores autoasegurados, la SRT tiene a su cargo la responsabilidad de velar por el correcto funcionamiento del Sistema de Riesgos del Trabajo. (conf.art. 36 LRT).
Por su parte, el TSJ busca brindar un servicio de justicia más ágil, a través de herramientas que colaboren a que los procesos concluyan en un plazo razonable.
Por ello, tanto el TSJ como la SRT consideraron determinante consensuar la ejecución de acciones de colaboración y coordinación con el fin de optimizar gestiones del Sistema de Riesgos del Trabajo, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial, con el propósito fundamental de proteger los derechos de los trabajadores.