El juez de Huinca Renancó, Lucas Ramiro Funes, dictó una serie de medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias de un deudor que trabajaba en negro y carecía de bienes registrados a su nombre. Las medidas, finalmente, generaron el impacto suficiente para que progenitor firmara en diciembre pasado un nuevo acuerdo, que incluyó el pago de los alimentos atrasados. 

La informalidad laboral del deudor alimentario había impedido la retención de haberes como así también la identificación de bienes registrables. Por esa razón, el magistrado interviniente decidió tomar diferentes acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. Entre otras medidas, se dispuso la retención del carnet de conducir del progenitor incumplidor, la suspensión de sus líneas telefónicas, la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos y el embargo de bienes muebles, con allanamiento y uso de fuerza pública.

La causa se había originado por el incumplimiento reiterado del acuerdo homologado judicialmente en junio de 2024. Ante la situación de extrema vulnerabilidad de las acreedoras alimentarias, hijas menores de edad del deudor, el Juzgado en lo Civil y Comercial de la ciudad de Huinca Renancó dispuso la intervención de organismos sociales para asistir a las niñas y su madre durante el proceso.