El viernes 25 de octubre, en el Palacio de Justicia I, se firmaron dos acuerdos que potencian el trabajo en conjunto del Poder Judicial de Córdoba con los ministerios de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, y de Justicia y Trabajo, desde las respectivas competencias.
El primer convenio dispone la puesta en marcha de la Unidad de la Defensa Pública, creada por el Acuerdo Reglamentario n.° 1864, en el Polo de la Mujer; mientras que el segundo busca fortalecer los canales de comunicación y de gestión vinculados a las personas privadas de su libertad.
En el acto, estuvieron presentes el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis E. Angulo; los vocales, Aída Tarditti, Luis Rubio y María Marta Cáceres de Bollati; la ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo de la Provincia, Laura Jure; y el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López. Además, participaron el fiscal general Juan Manuel Delgado; los fiscales adjuntos, Pablo Bustos Fierro y Bettina Croppi; el administrador General del Poder Judicial de Córdoba, Luis Sosa Lanza Castelli; la titular de la Secretaría de la Mujer, Claudia Martínez; magistrados, funcionarios y otras autoridades.
Víctimas con múltiples vulnerabilidades
El presidente del TSJ, Luis E. Angulo, en representación del Poder Judicial, y la ministra Jure, suscribieron un acuerdo que tiene por objeto acordar un marco institucional de cooperación para fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres víctimas con múltiples vulnerabilidades.
El titular del Alto Cuerpo resaltó la importancia del diálogo interinstitucional, sobre todo en los momentos difíciles que vive el país: “Estamos trabajando con mujeres que han sufrido violencia familiar y de género, que han pasado por situaciones dolorosas. Conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo vamos a asistir a estas mujeres hasta tanto se garantice de manera efectiva el acceso a la justicia”.
Angulo destacó el trabajo desarrollado en esta área, desde 2017, con la creación de la primera Unidad de la Defensa Pública. Hizo un especial reconocimiento a la vocal Tarditti por ser la impulsora de estos dispositivos, como así también valoró el trabajo comprometido del equipo dirigido por Pablo Pupich y Mariano Brusa y coordinado por Guadalupe García Petrini.
El convenio subraya que los distintos poderes del Estado deben adoptar las medidas necesarias, desde sus respectivas competencias, para prevenir y proteger los derechos de las mujeres y de las diversidades sexo–genéricas, derechos que se han visto históricamente afectados y que coloca a estas personas en un amplio espectro de situaciones de desigualdad.
Cabe destacar que el TSJ, por Acuerdo Reglamentario n.° 1864, dispuso la creación de la Unidad de la Defensa Pública de Víctimas (UDV), que se incorpora bajo la órbita de la Oficina de Coordinación de las Unidades de las Defensas Públicas.
Asimismo, el Poder Judicial cuenta con una red, constituida por defensoras y defensores, que actuarán como “consultores temáticos”, quienes serán responsables de orientar, sugerir pautas y procedimientos de abordajes para cada caso en que lo solicite un integrante de la Unidad de la Defensa. Además, se sumaron al proyecto los “Nodos Operativos”, integrantes del Poder Judicial que harán de nexo para dar respuesta y orientación efectiva a cada una de las víctimas.
En definitiva, se pretende que este nuevo dispositivo acompañe a la víctima desde el inicio, le allane el camino por los diferentes espacios del Poder Judicial y derive de manera responsable hacia los distintos fueros, con turnos pautados y personas referenciadas que la recibirán en cada lugar por el que deba transitar. La presencia amigable de la Defensa Pública busca alivianar el dolor y la angustia por la que transita la persona que se acerca a la oficina.
La Unidad de la Defensa de Víctimas será la encargada de brindar el mecanismo necesario para mejorar la respuesta institucional en la atención, gestión y acceso a la justicia de las víctimas de diversos sectores en condición de vulnerabilidad.
En tal sentido, promoverá la articulación entre las distintas autoridades judiciales y las defensorías públicas intervinientes, con el fin de facilitar el acompañamiento y la obtención de una respuesta judicial integral. Además, gestionará y articulará con otros estamentos vinculados a la problemática de las víctimas de violencia de género.
Convenio con el Ministerio de Justicia y Trabajo
Durante el acto, el presidente del TSJ también firmó un convenio colaboración recíproca con el Ministerio de Justicia y Trabajo, representado por su titular, el ministro Julián López. Por medio de dicho acuerdo, las partes se comprometieron a trabajar en forma conjunta y cooperativa a fin de fortalecer los canales de comunicación y de gestión vinculados a las personas privadas de su libertad que residen en los establecimientos penitenciarios provinciales.
En el documento, las partes coincidieron en la necesidad de afianzar mecanismos de intercambio, de consolidar estrategias de abordaje, así como de conformar mesas y espacios de trabajos de las autoridades y personas idóneas, cada una en el marco de sus respectivas competencias.
En este caso, el titular del TSJ resaltó la importancia del diálogo interinstitucional, “sobre todo en los momentos difíciles que vive el país, con altos índices de indigencia y pobreza”. “Trabajar en favor de esos sectores vulnerables estamos trabajando por la seguridad y la reinserción de las personas privadas de su libertad”, agregó.