El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Eugenio Angulo, firmó el martes 20 de agosto de 2024, con la ministra de Ambiente de la Provincia, Victoria Flores, un convenio de colaboración y asistencia técnica para la implementación de la Ley Yolanda en el ámbito del Poder Judicial de Córdoba. En el acto estuvieron presentes el vocal del TSJ, Luis Rubio, y los secretarios de Ambiente, Federico García; de Economía Circular; Nicolás Vottero; de Cambio climático, Augusto Carreras; y la directora de Educación Ambiental, Soledad Flores.
Cabe recordar que la ley Yolanda (n.° 27566) establece la capacitación obligatoria en la temática de ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en el cambio climático, para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los tres Poderes del Estado. Posteriormente, la Provincia de Córdoba adhirió a dicha normativa mediante ley n.° 10558. Desde ese momento, el Poder Judicial con el Ministerio de Ambiente vienen trabajando de modo concertado.
Durante el acto de la firma del acuerdo, Angulo se refirió a la importancia de la presencia del Estado a través de acciones públicas que marquen pautas de conducta ambiental en donde no solo se garantice el derecho a vivir en un ambiente sano, sino también el deber de preservarlo. En ese sentido, expresó que “la naturaleza ya nos puso un límite” y agregó que es "nuestra tarea trabajar de manera colectiva para preservar el medio ambiente, cada uno desde sus respectivas competencias”.
El presidente del TSJ afirmó: “El convenio que hoy firmamos con el Ministerio de Ambiente es un paso firme en el camino desafiante que nos hemos comprometido a lograr; trabajar en pos del equilibrio de nuestros ecosistemas, fortalecer los derechos y garantizar el acceso a justicia en asuntos ambientales”. Por último, recordó las palabras del papa Francisco en la encíclica “Laudato si” acerca del deber que tenemos como ciudadanos de cuidar la casa común.
La puesta en marcha del proyecto fue encomendada al Programa de Acceso a la Justicia de Sectores Vulnerables (AJUV), que depende de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia, como así también al Centro Núñez. Estas dependencias se encargarán de las medidas que resulten necesarias para la continuidad del plan de capacitación en materia ambiental dispuesto en el Acuerdo Reglamentario n.° 1817, Serie "A".